Apenas el 1 % de las más de 2,3 millones de personas trabajadoras del hogar en México cuenta con un contrato de trabajo por escrito, una realidad que evidencia cómo el 96,6 % del sector permanece sumido en la informalidad a pesar de los avances legislativos impulsados en los últimos años.
El informe ‘Sosteniendo el cambio: Por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar en México’, presentado este martes por la red civil Unidas, revela que, aunque entre 2018 y 2023 se declaró inconstitucional la exclusión del Seguro Social y se estableció la obligatoriedad de la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estos avances aún no se traducen en condiciones laborales dignas.
Según el documento, en México hay 2,3 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales 9 de cada 10 son mujeres, representando así el 10 % de las mujeres trabajadoras del país.
Néstor Genis, coordinador de Inclusión en la organización Ethos y autor del informe, advirtió sobre la brecha que separa las reformas en el papel de la cotidianidad de las trabajadoras.
El estudio detalla que la evasión de las cuotas patronales al IMSS representa una pérdida anual estimada de 56.671 millones de pesos (unos 3.000 millones de dólares), lo que según los ponentes opera como un «subsidio institucional» a favor de los empleadores a costa de la vulnerabilidad de las trabajadoras.
El informe evidenció fallas en el esquema de aseguramiento «por día», modalidad pensada para quienes trabajan jornadas aisladas, el cual ofrece una protección fragmentada, limitando el acceso a la atención médica únicamente a los días exactos contratados y registrados.
A este respecto, la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, María de la Luz Padua, cuestionó las barreras institucionales que condicionan la salud de quienes desempeñan este oficio.
Los datos exponen también que el sector registra una brecha salarial de género del 34,8 % en detrimento de las mujeres, así como una marcada segregación, donde los hombres suelen desempeñar tareas mejor remuneradas y cuentan con una tasa de contratación escrita del 9 % frente al 1 % de sus compañeras.
Entre las recomendaciones dirigidas por Unidas destacan subsidios, vigilancia a los contratadores y la aplicación de «consecuencias reales» a quienes evadan impuestos.
A pesar de los hitos legales iniciados en 2018 con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la posterior reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019, la brecha sigue afectando a más de dos millones de familias en el país.
