La palabra “buentrato” no existe en el diccionario de la Real Academia Española, pero “maltrato” sí; la Academia no ve conveniente incluirla en el castellano, a pesar de ser tan importante y urgente en nuestros tiempos, no sólo para reivindicar a las trabajadoras del hogar –que son sinónimo de maltrato, abusos y vejaciones–, también es necesaria para el cuidado de los ancianos y la formación de las infancias. De hecho todos necesitamos del “buentrato” en todas las edades.
Hasta hace muy poco a las trabajadoras del hogar las llamaban “domésticas”, “mi muchacha”, “chachas”, “mucama” y hasta “gatas”. “Sirvienta” se utiliza hasta hoy como insulto. En la prensa escrita viven los relatos de la discriminación y el trato clasista y racista de que fueron y son víctimas. Hay desde homicidios a manos de los ‘juniors’ de la casa, violaciones sexuales, privación de la libertad, retención de documentos, acusaciones de robo, hasta prácticas de esclavitud.
Como le sucedió a ‘Zunduri’ –como pidió que la llame en esta historia–, la joven que en 2015 escapó de una tintorería en la alcaldía Tlalpan, donde la tenían encadenada, planchando día y noche, con mínima comida. De 23 años, tenía el desgaste físico de una persona de 81. Sus verdugos, cuatro mujeres y un hombre, fueron condenados a 30 años de prisión por el delito de trata de personas.
Durante la pandemia una gran mayoría de los patrones les dejaron de pagar. No las despidieron, sólo pidieron que no fueran. Su ausencia mostró la importancia para la casa y la economía y la salud mental de las familias acomodadas, quienes sufrieron del encierro por covid-19 de forma diferente. Los quehaceres domésticos fueron su pesadilla, incluso se postearon hilos filosóficos de los trastes.
Al término del confinamiento se creía que estaban listas las condiciones para cambiar y mejorar su situación laboral, pero los números revelan que esto no sucedió. De 2.5 millones de trabajadores del hogar, sólo 62 mil 303 personas han sido inscritas al Seguro Social, esto es 2.4 por ciento: 41.1 mil son mujeres y 21.1 mil son hombres. El 97.6 por ciento restante se mueve en la informalidad, sin prestaciones ni derechos.
